La Mesa del Congreso de los Diputados, presidida por la socialista Francina Armengol, ha dado luz verde este martes al desarrollo de una reforma del Reglamento de la Cámara que permite sancionar a periodistas acreditados por conductas consideradas «inapropiadas». Aprobada en el Pleno el pasado 23 de julio, esta normativa, impulsada por PSOE, Sumar y sus socios de investidura, establece un procedimiento sancionador que otorga a políticos un papel determinante en la evaluación de la labor periodística. La medida, que responde a años de quejas por el comportamiento de algunos reporteros, ha generado una tormenta de críticas: los letrados del Congreso advierten de posibles vulneraciones legales, las asociaciones de periodistas temen por la libertad de prensa, y la oposición, liderada por PP y Vox, denuncia un intento de «censura» que amenaza los pilares de la democracia.
La reforma, aprobada con los votos de la mayoría progresista del Congreso, nace con el objetivo declarado de garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor «en libertad y sin coacciones», según fuentes de la Presidencia de la Cámara. El texto, consensuado con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), responde a las demandas de profesionales que, durante años, han denunciado insultos, interrupciones y amenazas por parte de ciertos reporteros acreditados, a menudo vinculados a medios digitales de corte «ultraderechista». Estos «agitadores ultras», como los califican medios progresistas, habrían convertido las ruedas de prensa en un campo de batalla, boicoteando el trabajo de otros periodistas y parlamentarios.
El nuevo reglamento establece un código de conducta que tipifica infracciones leves, graves y muy graves, que van desde el acceso sin permiso a zonas restringidas del Congreso hasta insultos, descalificaciones o atentados contra la dignidad de otras personas. Las sanciones previstas incluyen suspensiones de la credencial de prensa de entre 10 días y tres años, o incluso la revocación definitiva del acceso. Para implementar estas medidas, se creará un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, integrado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el vicepresidente segundo (del PP), un representante de cada grupo parlamentario, dos periodistas designados por la APP, el secretario general de la Cámara, Fernando Galindo, y el director de Comunicación del Congreso.
Sin embargo, el aspecto más polémico es el procedimiento sancionador. Según el texto aprobado, cualquier denuncia presentada ante la Dirección de Comunicación será remitida a la Secretaría General, y la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, podrá iniciar un expediente sancionador, incluso de oficio, sin necesidad de denuncia previa. Este órgano, dominado por la coalición gobernante, designará a un instructor —un funcionario con al menos tres años de experiencia— y tendrá la última palabra sobre las sanciones, basándose en un informe no vinculante del Consejo Consultivo. Esta configuración ha levantado sospechas de arbitrariedad, especialmente porque los políticos tendrán un peso decisivo en un proceso que afecta directamente a la libertad de prensa.
La oposición, liderada por el PP y Vox, ha alzado la voz contra lo que consideran un «ataque sin precedentes» a la libertad de información. Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular, calificó la reforma de «cacicada» y denunció que otorga «poderes absolutos» a la Mesa para decidir qué periodistas pueden preguntar, con el objetivo de silenciar preguntas incómodas sobre casos de corrupción. «Es un precedente peligrosísimo que cercena derechos fundamentales», afirmó Muñoz, acusando al Ejecutivo de querer evitar el escrutinio en un momento políticamente delicado.
Vox, por su parte, ha ido más allá, tildando la normativa de «anticonstitucional» y advirtiendo que podría derivar en recursos ante el Tribunal Constitucional. «Esto es un intento de controlar a los medios críticos», señaló el diputado José María Figaredo, quien criticó que la Mesa pueda actuar de oficio y que los medios con menos de diez trabajadores queden excluidos de la acreditación, una medida que consideran «arbitraria» y dirigida a limitar la pluralidad informativa.
Los letrados del Congreso han añadido leña al fuego. En un informe técnico, cuestionaron la «legitimidad» de la reforma, advirtiendo que podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución, que protege el derecho a la libertad de información. Los juristas señalaron que la vaguedad en la definición de las infracciones crea «inseguridad jurídica» y recomendaron incluir mecanismos de prescripción para las sanciones, además de limitar las instrucciones del personal parlamentario a cuestiones logísticas, sin condicionar la conducta informativa de los medios.
La reforma cuenta con el respaldo de la APP y la FAPE, que llevan años reclamando medidas contra los «pseudoperiodistas» que, según denuncian, perturban la convivencia en el Congreso. Incidentes como interrupciones en ruedas de prensa, grabaciones no autorizadas en zonas restringidas o enfrentamientos verbales con otros periodistas han sido una constante, especialmente tras la proliferación de medios digitales con agendas ideológicas marcadas. En febrero de 2025, decenas de periodistas parlamentarios se concentraron frente al Congreso en protesta por estos comportamientos, exigiendo un marco regulador.
No obstante, incluso entre los profesionales hay división. Algunos periodistas, especialmente de medios independientes o críticos con el Gobierno, temen que la normativa pueda usarse para silenciar voces disidentes. La exigencia de que los medios tengan al menos diez trabajadores para obtener acreditación ha sido criticada como una barrera que excluye a pequeños medios digitales, muchos de los cuales se identifican con posturas conservadoras.
La aprobación de esta normativa se suma a otras iniciativas controvertidas, como el proyecto de ley para facilitar la denuncia de contenidos ilícitos en plataformas digitales o la propuesta de endurecer el derecho de rectificación, que algunos ven como un intento de «amordazar» a la prensa crítica.
