La Fiscalía de Medio Ambiente ha dado un paso más en la crisis ambiental de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, al denunciar esta mañana a seis cargos públicos por su presunta responsabilidad en vertidos de aguas fecales al mar —una situación que llevó al cierre indefinido de una de las playas más emblemáticas del norte tinerfeño—. Entre los denunciados figuran autoridades del Ayuntamiento, el Cabildo y el Consejo Insular de Aguas, que serán investigadas por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
La denuncia, presentada ante el Juzgado de Paz de Puerto de la Cruz, señala como responsables a:
-
Blanca Pérez, consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad y Emergencias.
-
Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF).
-
Marco González, exalcalde socialista de Puerto de la Cruz.
-
David Hernández, actual concejal y teniente de alcalde.
-
Alberto Cabo, concejal de Empleo.
-
Alberto Bernabé Teja, exconsejero de Turismo del Cabildo.
La Fiscalía les acusa de no atender sus obligaciones legales para garantizar la salubridad del agua de baño, a pesar de que desde marzo de 2024 se detectaron niveles alarmantes de bacterias fecales —E. coli y enterococos— y la consiguiente alerta de Salud Pública que concluyó con el cierre indefinido de Playa Jardín.
El informe de la Fiscalía añade que el Consejo Insular de Aguas desatendió sus competencias: no realizó mantenimientos ni inspecciones del emisario submarino ni aportó datos sobre los programas de vigilancia del vertido, incumpliendo las obligaciones de control ambiental desde al menos 2016. También se reprocha la lentitud general de las administraciones para reparar estructuras clave tras detectarse una fuga en 2020.
Los efectos de esta negligencia, denuncia el Ministerio Fiscal, son graves tanto desde el punto de vista ambiental como sanitario. Se detectaron compuestos tóxicos —amonio, nitrógeno, fósforo y materia orgánica— además de un uso desproporcionado de cloro, potencialmente generador de subproductos peligrosos. La Fiscalía insiste en que estos hechos podrían constituir un delito tipificado en el artículo 325 del Código Penal, castigable con prisión, multa e inhabilitación.
El futuro judicial abrirá una etapa de rendición de cuentas difícil de eludir, mientras crece la expectativa de que Playa Jardín pueda recuperarse no solo como espacio de ocio, sino como símbolo de renovación administrativa.
