El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas a raíz de dos denuncias presentadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el juez Juan Carlos Peinado por el interrogatorio al que le sometió en abril como testigo en la causa que investiga a Begoña Gómez. La decisión, adoptada por el Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, llega tras las quejas registradas el 4 de junio y el 29 de julio, y supone el primer paso del procedimiento disciplinario: una fase previa para determinar si existen indicios de infracción que justifiquen abrir expediente o, por el contrario, archivar el asunto.
Bolaños reprocha a Peinado el tono y el alcance de un interrogatorio celebrado en el Palacio de la Moncloa que, según las grabaciones y actas, transcurrió entre reproches del magistrado por “evasivas” del ministro y con momentos de tensión que incluyeron el ya célebre “no sé por qué esboza usted una sonrisa”. El ministro sostiene que aquel examen excedió el objeto procesal de la pieza sobre la contratación de una asistente vinculada a la agenda de Gómez y vulneró las reglas de trato debido a un testigo. Las diligencias del CGPJ se centran en si hubo desconsideración o desviación en el ejercicio de la autoridad judicial.
El movimiento del órgano de gobierno de los jueces coincide con otro revés para la instrucción: el Tribunal Supremo rechazó la exposición razonada de Peinado que pretendía imputar a Bolaños por malversación y falso testimonio, al entender que no existían “indicios mínimos” y que el escrito omitía información relevante aportada después por la Fiscalía. Ese pronunciamiento refuerza las críticas de las defensas y del ministerio público a la consistencia jurídica de algunos pasos del instructor del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.
Peinado ha seguido avanzando en la causa matriz y, esta misma semana, imputó por presunta malversación a Begoña Gómez y a su asistente, a las que citó a declarar en septiembre, apoyado en la línea de que recursos públicos habrían podido emplearse para fines no oficiales. Este último movimiento fue el que permitió conocer que el propio juez había sido notificado de la apertura de diligencias disciplinarias por parte del CGPJ, extremo que el Consejo no detalló hasta ahora.
La apertura de diligencias informativas no prejuzga sanción alguna. Es un filtro habitual —unas seiscientas quejas al año— antes de que el Promotor proponga archivar o incoar expediente, un trámite que puede culminar en amonestación, multa e incluso suspensión en casos graves. Mientras tanto, el Gobierno subraya que su objetivo es “proteger la integridad de la Justicia” y evitar que se normalicen prácticas que, a su juicio, erosionan garantías procesales; desde el entorno del magistrado se recuerda que la independencia judicial ampara su conducción de la instrucción. El pulso, de fondo, trasciende el incidente: afecta a una causa de alta sensibilidad política y a la convivencia, siempre delicada, entre poder ejecutivo y poder judicial.
