La estadística que maneja Interior desde el 1 de junio, fecha de arranque de la campaña estatal contra incendios forestales, describe un verano de humo y patrullas: 27 personas han sido detenidas y otras 83 están investigadas por su presunta relación con fuegos declarados en distintos puntos del país. Tras semanas de calor extremo, rachas de viento y monte reseco, los atestados de Policía Nacional y Guardia Civil ponen nombre y apellidos a un fenómeno que no es solo meteorológico. La mayoría de los casos se atribuyen a conductas negligentes —quemas mal controladas, uso imprudente de maquinaria, colillas—, pero asoma con fuerza la intencionalidad: casi una cuarta parte de los expedientes abiertos apunta a provocaciones deliberadas.
Los datos, desgranados por cuerpos policiales, reflejan que la Guardia Civil concentra el grueso de las actuaciones en el ámbito rural, con veinte detenciones y 81 investigados, mientras que la Policía Nacional ha practicado siete arrestos y mantiene dos diligencias de investigación abiertas en zonas periurbanas. El mapa de actuaciones se superpone al de los grandes incendios del verano: Galicia y Castilla y León, con miles de hectáreas arrasadas, figuran entre los territorios con más intervenciones, pero también Extremadura, Asturias o la Comunidad Valenciana han registrado casos y situaciones de riesgo que obligaron a desalojos preventivos, cortes de carreteras y despliegues aéreos de urgencia.
La respuesta institucional ha crecido a la par que las columnas de humo. La Unidad Militar de Emergencias se ha activado en varios frentes y el Estado ha coordinado la llegada de medios aéreos europeos —hidroaviones Canadair y aeronaves de coordinación— para apuntalar las descargas en focos de difícil acceso. Mientras tanto, las unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil y las brigadas de información de la Policía Nacional han intensificado las inspecciones en áreas de elevado riesgo y los dispositivos de vigilancia en torno a urbanizaciones limítrofes con masa forestal, donde una chispa puede mutar en desastre en minutos.
El Código Penal es severo cuando el fuego pone en peligro vidas o infraestructuras esenciales: las penas alcanzan hasta los 20 años en supuestos agravados. A ello se suman responsabilidades civiles millonarias por los costes de extinción y los daños ambientales. Los instructores subrayan que la prueba pericial —el rastro microscópico que deja una mecha, el patrón de avance de las llamas, la presencia de acelerantes— resulta decisiva para sostener la acusación, y que las primeras horas tras un incendio son clave para fijar indicios antes de que el terreno quede alterado por maquinaria y lluvia.
Basta un gesto irresponsable para volatilizar décadas de gestión forestal. El balance policial de este verano no es un cierre, sino una fotografía en movimiento de una amenaza recurrente. Lo que ocurra en las próximas semanas —con el monte todavía sediento y más episodios de altas temperaturas por delante— dependerá tanto de los medios desplegados como del comportamiento de quienes transitan, trabajan o viven junto al bosque.
