BBVA ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra las condiciones fijadas por el Consejo de Ministros para autorizar su oferta pública de adquisición sobre Banco Sabadell.
El punto más controvertido es la obligación de mantener a BBVA y Sabadell como entidades separadas durante un mínimo de tres años —ampliables a cinco—, con personalidad jurídica, patrimonio y órganos de decisión propios. El Ejecutivo incorporó además salvaguardas laborales y territoriales: limitaciones a los ajustes de empleo, protección de oficinas en zonas con menor densidad financiera y garantías sobre continuidad de servicios y proyectos tecnológicos. BBVA sostiene que ese corsé impide capturar en plazo razonable las sinergias de costes y financiación previstas y altera la ecuación económica de la OPA. La dirección del banco insiste en que el recurso no paraliza la oferta y que seguirá adelante con el calendario de aceptación, al tiempo que defiende ante los tribunales la retirada de las cláusulas más gravosas.
La ofensiva judicial llega en una fase delicada del proceso. Sabadell ha reforzado su perímetro con la venta de su filial británica TSB y con un dividendo extraordinario que buscaba maximizar valor para sus accionistas, mientras el mercado descuenta qué parte del ahorro de costes estimado por BBVA puede quedar diferido bajo el nuevo marco. El Gobierno, por su parte, reivindica el amparo legal de su resolución y esgrime informes de la Abogacía del Estado para justificar una intervención “proporcional” orientada a preservar el empleo, la cohesión territorial y la estabilidad del sistema.
El pulso se libra también en Bruselas. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción para dilucidar si España se ha excedido al imponer condiciones que, según el estatuto europeo, recaen en el supervisor bancario y la autoridad de competencia. Madrid dispone de un plazo para responder y defender que su decisión encaja en la normativa nacional y comunitaria. El desenlace condicionará el margen real de maniobra de Moncloa para tutelar integraciones bancarias de gran tamaño en el futuro.
Para los accionistas, el foco inmediato está en la relación de canje y en la senda regulatoria. Si el Supremo tumba las condiciones centrales, BBVA recuperaría el plan de integración rápida con el que justificó las sinergias; si las confirma, el banco deberá adaptar su hoja de ruta a un escenario de convivencia prolongada entre dos marcas y dos gobiernos corporativos. En paralelo, Sabadell busca sostener su valor de manera autónoma y ofrecer a sus inversores una alternativa creíble a la OPA hostil.
La batalla por Sabadell se mueve ya en tres frentes —judicial, regulatorio y de mercado— y anticipa un otoño de decisiones determinantes. De lo que resuelva el Supremo y de los pasos de la Comisión dependerá si la banca española asiste a la mayor integración desde la crisis financiera o a un largo compás de espera con dos entidades operando de forma independiente bajo una misma sombra corporativa.
