El Ayuntamiento de Fuengirola ha decidido contratar una agencia de detectives privados con el fin de supervisar a funcionarios municipales en situación de baja laboral. El consistorio justificó esta medida excepcional después de detectar un incremento notable del absentismo, especialmente en los departamentos de Servicios Operativos y Limpieza, donde la tasa ha llegado a alcanzar cerca del 10 %.
Se ha licitado un contrato por un año con un presupuesto cercano a los 18.148 euros, que contempla el seguimiento de al menos diez empleados—aunque las empresas podrán recibir mayor puntuación si ofrecen vigilancia para más personas. Cada caso deberá contar con un mínimo de tres días de observación, que incluye la localización en domicilio, espacios frecuentados y hasta revisión de redes sociales para confirmar posibles actividades incompatibles con una baja médica, como conducción, transporte de peso o movimientos físicos inusuales.
El área de Recursos Humanos, encabezada por la concejala María Hernández, defiende que esta iniciativa cuenta con respaldo legal, dado que dispone de informes favorables de la Asesoría Jurídica, el jefe del área y el departamento de Contratación. Se considera que esta medida busca asegurar la eficiencia en el uso de recursos públicos y evitar un posible mal uso del dinero destinado al pago de bajas médicas.
Sin embargo, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que este procedimiento “criminaliza” a la plantilla municipal y supone una intromisión ilegítima en la intimidad de los empleados. Critica que el Ayuntamiento no aborda las causas reales del absentismo —como posibles carencias en la organización del trabajo o condiciones psicosociales— y se limita a perseguir a los trabajadores. Para esta central sindical, la medida es excesiva y desproporcionada, y solo genera desconfianza, además de desviar la responsabilidad de la gestión administrativa hacia los propios empleados.
Fuengirola no es el único municipio que ha adoptado una medida similar. El Ayuntamiento de Alcorcón también contrató una agencia privada para investigar bajas prolongadas, y otro caso relevante fue el de la empresa pública de autobuses Aucorsa en Córdoba, que llegó a despedir a un conductor con pruebas obtenidas por detectives, aunque el tribunal declaró ese despido improcedente y obligó a indemnizar al trabajador.
Mientras tanto, los vecinos son los que más sufren las consecuencias de la falta de personal: colas más largas y trámites que se eternizan.
