El Gobierno de Estados Unidos ha dado un paso que alimenta una nueva fase de tensión diplomática en América: la Casa Blanca ha autorizado al Pentágono a elaborar opciones para emplear fuerza militar contra organizaciones narcotraficantes en Latinoamérica que han sido previamente calificadas por Washington como organizaciones terroristas. La información, adelantada por varios medios internacionales, sitúa ahora la lucha contra los cárteles —y en particular contra las redes que trafican fentanilo hacia EE. UU.— en un escenario que puede combinar herramientas policíacas, de inteligencia y militares.
La medida, que según los reportes incluye la posibilidad de operaciones en el mar e incluso “en suelo extranjero” bajo determinadas condiciones, responde a la creciente alarma por las muertes por sobredosis y al endurecimiento de la estrategia estadounidense contra redes como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos señalados en designaciones recientes. Fuentes del Ejecutivo americano han precisado que el encargo al Departamento de Defensa es preparar opciones —desde operaciones navales de interdicción hasta acciones de fuerzas especiales apoyadas por inteligencia—, si bien han subrayado que no hay, por ahora, una decisión de ejecutar ataques.
La reacción desde México fue inmediata y contundente. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista riesgo de “intervención militar” en su territorio y dejó claro que México no aceptará tropas estadounidenses en su suelo. Sheinbaum explicó que el Gobierno mexicano fue informado de la existencia de una orden estadounidense, pero insistió en que esa directiva no implica despliegue de tropas en México y recalcó que la soberanía nacional es “inalienable”; en privado y en público México ha subrayado que la cooperación es bienvenida, pero no la presencia militar extranjera.
Más allá del choque de retóricas, el anuncio plantea interrogantes jurídicos y prácticos de enorme calado. Juristas y expertos en derecho internacional recuerdan que el uso de la fuerza fuera del territorio de EEUU requiere, en principio, el consentimiento del Estado afectado o un mandato internacional; actuar sin ello podría ser interpretado como una violación de la Carta de la ONU y generar una crisis diplomática con efectos regionales. Por otra parte, la experiencia histórica sugiere que la militarización de la lucha contra organizaciones criminales puede tener efectos colaterales graves: agravamiento de la violencia, desplazamientos, y un aumento de la percepción anti-estadounidense en la región.
Washington, por su parte, ha defendido la medida como una extensión legal de las herramientas ya empleadas contra los flujos de drogas —designaciones, sanciones financieras y cooperación policial— y la presenta como una respuesta proporcional a una amenaza que, en su diagnóstico, trasciende la criminalidad común y se aproxima a formas de “narcoterrorismo” transnacional. A corto plazo, la instrucción al Pentágono ha provocado el refuerzo de vigilancia marítima y operaciones de inteligencia en zonas sensibles, así como una escalada en la presión diplomática sobre países clave de la región para que colaboren en interrupciones logísticas y financieras de las redes.
En la región se abre ahora un debate político intenso: gobiernos que históricamente han reclamado más apoyo para combatir al narcotráfico temen que la propuesta conduzca a una suerte de intervencionismo; movimientos sociales y partidos de distintos signos advierten del riesgo de convertir la respuesta sanitaria y judicial a la droga en una solución predominantemente militar. Mientras tanto, la Administración estadounidense asegura que todas las opciones se están diseñando con el objetivo declarado de minimizar daños colaterales y de coordinar con socios regionales, aunque el rechazo explícito de México a recibir tropas complica cualquier escenario que suponga presencia militar en su territorio.
En los próximos días, la atención estará puesta en la Casa Blanca, el Pentágono y en las capitales latinoamericanas, donde la búsqueda de acuerdos prácticos y respetuosos con la soberanía será la clave para evitar una escalada que, si se materializa, tendría consecuencias estratégicas de largo alcance.
