El juez Juan Carlos Peinado, responsable de la instrucción que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que aclare si Gómez disponía o ha dispuesto en algún momento de una cuenta de correo electrónico oficial bajo el dominio @presidencia.gob.es. La petición se enmarca en las diligencias que tratan de determinar si utilizó medios institucionales en su vinculación con diversas empresas patrocinadoras de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Según el auto, el magistrado considera que el uso de una dirección de correo institucional podría tener relevancia penal, dado que indicaría una posible utilización del aparato del Estado en beneficio de una actividad con intereses empresariales privados. La investigación gira en torno a los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros.
El juez también ha desestimado por ahora la petición de la acusación popular, representada por Hazte Oír, de citar como testigo a Víctor de Aldama, empresario implicado en el caso Koldo, por no aportar hechos nuevos al procedimiento. No obstante, deja abierta la posibilidad de reconsiderar su comparecencia si este se pronuncia oficialmente sobre los vínculos con Gómez a través de una declaración formal.
Además, Peinado mantiene abiertas otras diligencias clave: ha pedido a Moncloa el organigrama completo de asesores y cargos vinculados a Presidencia, entre ellos Cristina Álvarez, colaboradora directa de Gómez en la cátedra y ya imputada en la causa. También se ha confirmado que la Universidad Complutense no dispone de acceso a la cuenta de correo empleada para la gestión de dicha cátedra, lo que complica el rastreo de las comunicaciones clave con patrocinadores como Google, Telefónica o Reale Seguros.
La Audiencia Provincial de Madrid ya avaló el mantenimiento de la investigación contra Gómez, que sigue imputada por tráfico de influencias. En paralelo, el Tribunal Supremo ha rechazado ampliar la causa a miembros del Ejecutivo, como el ministro Félix Bolaños, al considerar que no existen indicios suficientes para implicarle directamente en los hechos.
El requerimiento sobre el correo oficial puede resultar determinante. De confirmarse que Begoña Gómez usó canales institucionales para sus comunicaciones con empresas privadas, se reforzaría la tesis de que actuó desde una posición de privilegio ligada a su condición de esposa del presidente. Si, por el contrario, no existe constancia de un correo institucional, la defensa podría sostener que actuó a título estrictamente personal.
El caso sigue su curso con un calendario judicial aún abierto y bajo una creciente atención mediática, política y especialmente sensible por la implicación de la figura del presidente del Gobierno.
