El Tribunal Supremo ha decidido prorrogar por otros seis meses la causa abierta contra el exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor Koldo García y varios empresarios, entre ellos Víctor de Aldama. El acuerdo, firmado por el magistrado Leopoldo Puente, fija desde septiembre de 2025 un nuevo plazo de instrucción hasta el 8 de marzo de 2026, con posibilidad de ampliación si se considera necesario debido al notable volumen de material intervenido.
El auto destaca que aún quedan por analizar numerosos expedientes administrativos y realizar diligencias pendientes, especialmente en relación con la investigación de adjudicaciones presuntamente irregulares durante la pandemia y operaciones vinculadas a obra pública en Navarra y otras comunidades.
Santos Cerdán continúa en prisión provisional desde finales de junio, una medida confirmada por la Sala de lo Penal del Supremo tras desestimar su recurso de apelación. Los magistrados consideraron que existe riesgo de destrucción de pruebas, dado el conocimiento privilegiado que tendría sobre la presunta trama, lo que lo diferencia del resto de investigados. Su defensa ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, solicitando la revocación de la prisión provisional al argumentar vulneración de derechos fundamentales y falta de justificación específica del riesgo alegado.
Por su parte, el exministro José Luis Ábalos y Koldo García no han sido enviados a prisión, aunque mantienen medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio español y comparecencias periódicas quincenales ante el Tribunal Supremo.
Koldo García, además, ha presentado ante el alto tribunal una solicitud de secuestro judicial inmediato de los audios intervenidos durante el registro de su vivienda, y pide la prohibición de su difusión por parte de los medios, especialmente los contenidos que afectarían a su hija menor. La defensa sostiene que se trata de grabaciones íntimas, muchas sin relación con la investigación, filtradas masivamente y manipuladas fuera de contexto.
Estas grabaciones son consideradas por la Sala Segunda del Supremo como pertinentes y válidas como prueba, rechazando que hayan sido elaboradas con la intención de incriminar falsamente a Cerdán. El tribunal sostiene que los audios fueron incautados de forma legal en el domicilio de Koldo durante la intervención de la UCO, y que no existe coordinación entre García y los investigadores para incriminar a terceros.
La causa se origina en informaciones de la Guardia Civil, reunidas en un extenso informe monográfico que atribuye a Cerdán la gestión de cientos de miles de euros en comisiones ilícitas vinculadas a empresas beneficiadas en adjudicaciones públicas. Desde 2023, la investigación ha alcanzado a múltiples responsables del PSOE y del sector empresarial, y ha puesto bajo lupa relaciones previas como la de Servinabar 2000, donde se investigó un pago de 22 000 € a la hermana de Cerdán en 2020 sin justificar su naturaleza.
En declaraciones recientes, Cerdán sostiene que su único error fue no denunciar la trama a la que pertenecían Ábalos y Koldo García, pero niega haber participado activamente en ella. Mientras, en los despachos judiciales y mediáticos se discute si el volumen del material intervenido justifica la prórroga y hasta dónde alcanzará el alcance de las futuras imputaciones.
La decisión del Supremo subraya la complejidad del caso Koldo‑Ábalos‑Cerdán: una investigación que se complica con audios, empresas vinculadas, figuras políticas de alto perfil y posibles delitos como cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. El resultado de los próximos meses determinará si esta pieza procesal desemboca en nuevos imputados y en un esclarecimiento definitivo de los hechos.
