Un juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia ha dictado este jueves el cierre inmediato del centro de acogida “José García I”, situado en Arinaga y alojaba a 148 menores migrantes no acompañados. La decisión judicial forma parte de una operación más amplia impulsada por el Gobierno de Canarias contra la ONG Quórum Social 77, encargada de gestionar en exclusiva numerosos centros en las islas.
La Policía Canaria ha ejecutado seis registros, entre ellos en el propio centro de Arinaga y en otro ubicado en Firgas. Durante la intervención fueron arrestadas dos personas vinculadas a la entidad, la presidenta de la ONG, Delia García, y el director de Centros de la mencionada entidad, Enrique Quintana Ramos, mientras que otros nueve trabajadores ya habían sido detenidos en mayo tras el cierre del centro “Fortaleza I” en Santa Brígida, donde se investigaban presuntos delitos de lesiones, amenazas, odio y contra la integridad moral.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido que el sistema de acogida está saturado, lo que dificulta la supervisión adecuada del bienestar de los menores. Ha expresado “máxima preocupación” por las violaciones de derechos detectadas y ha anunciado que se coordinará con la ministra Sira Rego para garantizar su protección.
La Consejería de Bienestar Social ha comenzado ya el traslado de los 148 menores a 21 centros distintos, debido a la imposibilidad de reubicarlos en una sola instalación en el contexto de la emergencia migratoria del archipiélago.
En mayo de 2025 ya fue clausurado el centro Fortaleza I, gestionado por Quórum Social 77, tras denuncias de presunto maltrato a menores. La organización acoge actualmente a unos 2.000 menores en más de 30 establecimientos y se encuentra en el centro de una investigación judicial que se desarrolla bajo secreto de sumario.
Amnistía Internacional y otras organizaciones han advertido de la crisis estructural que atraviesa el sistema de atención a menores migrantes en Canarias, con evidencias de falta de coordinación, insalubridad, vulneración del interés superior del menor y explotación de los más vulnerables.
El cierre del centro José García I supone un nuevo golpe a la gestión de la migración en Canarias, en medio de una disputa institucional con el Gobierno central. El presidente canario exige mayor solidaridad de otras autonomías tras la orden del Tribunal Supremo de marzo que obliga al Estado a asumir la acogida de 1.200 menores. Hasta ahora, los traslados han sido mínimos.
