El Consejo de Ministros aprobó hoy un anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que derogará la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y establecerá plazos automáticos para levantar el secreto de documentos de más de 45 años, lo que incluye el periodo de la dictadura franquista y la Transición democrática.
Este procedimiento legal dota de carácter automático la desclasificación de documentos anteriores a 1981. Además, define cuatro niveles de clasificación (alto secreto, secreto, confidencial y restringido), cada uno con plazos de permanencia limitada: 45 años para “alto secreto” (prorrogables otros 15), 35 años para “secreto” (más hasta 10 en caso excepcional), 7‑9 años para “confidencial” y 4‑5 años para “restringido”.
Según el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, esta reforma supone “superar una rémora de nuestra legislación, una ley preconstitucional que proviene de la dictadura” y pone a España “en estándares europeos, avanzando como la democracia madura que somos”. Además, se establece que la información sobre violaciones graves de derechos humanos no podrá ser clasificada bajo ninguna circunstancia.
El proyecto también introduce un régimen sancionador con multas que oscilan entre los 30.000 € y los 2,5 millones para quienes difundan indebidamente información clasificada. Asimismo, se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de Presidencia y asumirá competencias del actual CNI en esta materia.
El anteproyecto ya está en manos del Congreso de los Diputados. En caso de una tramitación ágil, la ley podría publicarse en el BOE en el último trimestre de 2025, entrando en vigor hacia finales de 2026. Esto permitiría, por ejemplo, que para entonces salgan a la luz documentos integrales sobre el golpe del 23-F, siempre que no perjudiquen la seguridad nacional.
Las reacciones políticas han sido diversas. El PNV valoró positivamente el fin de la ley franquista, reconociendo su rol clave al presentar varias proposiciones para reformarla, aunque adelantó que solicitará enmiendas. EH Bildu expresó preocupación por la posible prolongación excesiva de los plazos para ciertos documentos. ERC lo calificó como un avance y subrayó la urgencia de esclarecer episodios como el 23-F.
