La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado con carácter cautelar la retirada del pasaporte y la prohibición de salida de España para Isabel Pardo de Vera, expresidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Estas medidas se enmarcan en la instrucción del denominado “caso Koldo”, una supuesta trama de corrupción en torno a adjudicaciones irregulares de obra pública durante el Gobierno de José Luis Ábalos.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha atendido el escrito de la Fiscalía y ha decretado las restricciones de movilidad sin establecer prisión preventiva, considerando esencial evitar el riesgo de fuga o posible destrucción de pruebas, aunque los magistrados no aprecian que se den tales circunstancias actualmente.
Ambos altos cargos han negado implicación en cualquier amaño o comisión ilícita. Pardo de Vera ha declarado que actuó dentro del marco legal y ha deslindado de responsabilidad a técnicos encargados de los procesos de contratación, descartando conocer al presunto intermediario Víctor de Aldama. Herrero, por su parte, ha restado relevancia a mensajes investigados con expresiones como “bingo”, aclarando que se referían a desbloqueo de proyectos y no evidenciaban influencias indebidas.
La investigación ha identificado indicios de que ambos podrían haber colaborado con la trama liderada por el exasesor ministerial Koldo García, facilitando adjudicaciones de obras a empresas como Acciona, LIC y OPR a cambio de beneficios ilegales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable de los registros, indicó que Pardo de Vera y Herrero habrían aportado información clave sobre expedientes, agilizado licitaciones y contribuido a asegurar resultados favorables conforme a instrucciones del exministro y su asesor.
Los registros del 26 de junio ordenados por el juez Moreno se extendieron a los domicilios de ambos, a la sede de ADIF y al Ministerio de Transportes. En el domicilio de Pardo de Vera, en Santiago de Compostela, se incautaron documentos relacionados con contratos de emergencia para mascarillas FFP2 firmados durante la pandemia, así como dispositivos electrónicos y una libreta con anotaciones internas. En el caso de Herrero, se encontraron casi 4.750 € en efectivo, junto con soportes digitales y documentos relevantes para la investigación.
La imputación formal de ambos fue decidida el pasado 7 de julio por el magistrado Moreno, tras recibir del Tribunal Supremo los “indicios consistentes” derivados del informe de la UCO. A Pardo de Vera se le atribuyen cinco delitos: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. A Herrero se le considera clave en la instrumentalización de los procesos de licitación a favor de adjudicatarios señalados, mediante influencias técnicas y administrativas.
El próximo 21 de julio de 2025 ambos comparecerán ante la Audiencia Nacional como investigados (antes “imputados”), situación que podría marcar un punto de inflexión en la evolución de este caso que ya afecta a destacados miembros del PSOE, incluido Santos Cerdán, quien permanece en prisión provisional por su presunta vinculación con la trama.
