Según un portavoz de la Embajada de China en Madrid, la carta enviada el 16 de julio por los congresistas republicanos estadounidenses Tom Cotton y Rick Crawford a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, constituye “un acto típico de bullying”. China rechazó las acusaciones de riesgo de seguridad, defendiendo que el sistema adjudicado será un entorno “totalmente seguro” y cerrado, sin posibilidad de acceso externo, y confió en que España mantendrá un mercado empresarial transparente e igualitario para empresas chinas.
El contrato, valorado en 12,3 millones de euros, fue otorgado por el Ministerio del Interior español a Huawei para suministrar servidores OceanStor 6800 V5 y servicios asociados destinados al almacenamiento y clasificación digital de escuchas judiciales autorizadas por jueces y fiscales.
En Washington, la reacción fue contundente. Los comités de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes advirtieron que España estaría “jugando con fuego” al confiar datos sensibles a Huawei, empresa sujeta a las leyes de seguridad de China que podrían obligarla a entregar información al Partido Comunista Chino (PCCh). Según los legisladores, esto expondría las investigaciones españolas a posibles filtraciones, incluyendo datos compartidos con Estados Unidos en el marco de la OTAN.
El Gobierno español respondió oficialmente que no hay riesgo de fuga de datos: el sistema es aislado, sin conexión exterior, y cumple los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad. Además, se aclaró que se trata de una prolongación de un contrato vigente desde administraciones anteriores, otorgado tras un proceso público y por criterios económicos.
Fuentes del CNI y de los cuerpos policiales internos expresaron también desconfianza y malestar ante la decisión. Consideran sorprendente que se elija Huawei cuando existen múltiples proveedores occidentales y que la elección parece priorizar el coste sobre la protección estratégica del Estado.
Washington ha impulsado restricciones y vetos a empresas como Huawei, acusadas de facilitar actividades de espionaje del PCCh. Por otro lado, España ha procedido a excluir la tecnología de Huawei de infraestructuras críticas de 5G, manteniendo sin embargo algunos contratos específicos con la empresa china
