La Comisión Europea ha iniciado este jueves un procedimiento de infracción contra España tras considerar que el Gobierno ha obstaculizado indebidamente la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre Banco Sabadell. Aunque el proceso se alargará varios meses y no exige la retirada inmediata de las condiciones impuestas por el Ejecutivo español, Bruselas reclama cambios legislativos que impidan futuras interferencias similares.
La Comisión señala que dos leyes españolas —una de 2014, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, y otra de 2007 del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero— otorgan al Ejecutivo poderes excesivos para frenar fusiones bancarias, lo que, según Bruselas, vulnera la normativa europea. Específicamente, critica que estas normas invaden competencias del Banco Central Europeo y suponen restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento.
El desencadenante ha sido la condición impuesta por el Gobierno en la opa: en caso de éxito, BBVA y Sabadell no podrán integrarse hasta dentro de tres años, ampliables a cinco. Aunque esta potestad no ha sido aún formalmente ejercida —correspondería al ministro de Economía futuro—, la Comisión cree que su mera existencia ya resulta incompatible con el marco europeo.
Bruselas, que en los últimos meses ha defendido una mayor integración bancaria en la UE, subraya que las fusiones bancarias son esenciales para fortalecer el mercado de capitales y garantizar servicios financieros más competitivos. Desde el Ministerio de Economía, en cambio, se insiste en que las decisiones se han tomado conforme a la legalidad nacional y comunitaria, y se ha mostrado dispuesto a cooperar “de manera constructiva”.
España tiene ahora dos meses para responder a la carta de emplazamiento. De no satisfacer las exigencias comunitarias, el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la UE y derivar en sanciones económicas.
