La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha lanzado una dura advertencia sobre el acuerdo de financiación singular alcanzado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. En un informe presentado este lunes en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, los inspectores aseguran que el pacto es «imposible de aplicar» y advierten de que su extensión al resto de comunidades autónomas marcaría el inicio de la «desaparición del Estado tal y como lo conocemos».
Los inspectores consideran que la cesión del 100% de la gestión del IRPF a Cataluña —una de las claves del acuerdo previsto para 2026— no solo es «inviable técnicamente», sino que amenaza con fracturar los pilares del actual sistema tributario español. En concreto, denuncian que supondría la fragmentación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que quedaría «troceada» y «repartida» entre las distintas comunidades autónomas.
“Este modelo rompe principios básicos del sistema fiscal: una caja única, una base de datos única y una gestión integrada de las retenciones”, advierten desde la asociación. Según el informe, una dualidad de sistemas, con bases de datos fiscales separadas —una nacional y otra catalana—, haría prácticamente imposible una conciliación eficiente, afectando directamente a la rapidez y precisión en las devoluciones de la declaración de la renta.
Aunque la IHE no ha ofrecido cifras concretas sobre el impacto económico del pacto, sí ha recordado que, según datos de 2022, los tributos generados en Cataluña representaron el 19,35% del total nacional. Una eventual separación de la gestión fiscal implicaría, según los inspectores, consecuencias graves en la lucha contra el fraude y una pérdida de eficacia derivada de la dispersión de la información fiscal.
Además, la asociación ha reiterado su petición de dimisión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien responsabilizan directamente del acuerdo. “No solo es un error técnico, es una cesión política que desmantela la estructura fiscal del Estado”, han afirmado.
El informe se suma a la creciente oleada de críticas que ha suscitado el acuerdo entre Moncloa y la Generalitat, tanto desde la oposición como desde distintas comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por el PSOE. El debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica se intensifica, mientras el Ejecutivo defiende que el modelo catalán podría ser replicable en otros territorios.
