La Audiencia de Barcelona ha decretado este martes la amnistía para 40 ex altos cargos del Govern de la Generalitat que estaban procesados por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 (1-O). La decisión se ha tomado a solicitud expresa de la Fiscalía, que ha considerado que los hechos investigados están plenamente cubiertos por la Ley de Amnistía aprobada en mayo por el Congreso de los Diputados.
Esta resolución afecta a exdirectivos y altos cargos de los departamentos de Presidencia, Economía, Gobernación y Exteriores del Govern de Carles Puigdemont, incluyendo nombres destacados como el de Raül Romeva, exconseller de Exteriores, y otros miembros de la estructura política e institucional que hizo posible la consulta independentista suspendida por el Tribunal Constitucional.
La sección 21ª de la Audiencia de Barcelona estima los argumentos del Ministerio Público, que sostiene que no hay indicios de delitos excluidos por la ley de amnistía, como enriquecimiento ilícito o terrorismo. Además, la Fiscalía considera que la finalidad del referéndum fue “eminentemente política”, lo que lo encuadra en el marco previsto por la norma.
La resolución revoca una decisión anterior de la jueza instructora que había rechazado aplicar la amnistía de forma automática. Ahora, con esta resolución firme, los acusados quedan exentos de juicio y de responsabilidad penal.
El líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha celebrado la medida afirmando que “se empieza a hacer justicia tras años de represión”, y ha agradecido la “dignidad” de los amnistiados. Desde Junts per Catalunya, también se ha valorado la noticia como “un paso positivo pero incompleto”, ya que el caso del expresident Carles Puigdemont sigue pendiente ante el Tribunal Supremo.
Por su parte, desde sectores de la oposición como PP y Vox, la medida ha sido duramente criticada. Ambos partidos consideran que la amnistía supone una “rendición del Estado ante los golpistas” y anuncian que seguirán explorando vías legales para recurrir su aplicación.
Entre los beneficiados figuran:
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Raül Romeva, exconseller de Exteriores.
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Altos cargos de los departamentos de Economía y Gobernación.
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Directores de comunicación, asesores, y responsables técnicos de la logística del referéndum.
La mayoría de ellos se enfrentaban a cargos por desobediencia, malversación leve y prevaricación relacionados con la organización del 1-O, especialmente por el uso de recursos públicos para su convocatoria y ejecución.
La Ley de Amnistía del procés, aprobada en mayo de 2025 tras meses de debate parlamentario, busca poner fin a los procesos judiciales derivados del conflicto político catalán entre 2012 y 2023. Sin embargo, no ampara delitos relacionados con violencia con resultado de muerte ni casos de enriquecimiento personal, lo que ha generado distintas interpretaciones por parte de los tribunales.
Esta resolución de la Audiencia de Barcelona es la primera de gran escala tras la entrada en vigor de la ley. Semanas atrás, ya se había aplicado la amnistía a más de 40 agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1-O en Barcelona.
El caso del expresident Puigdemont, así como el de otros dirigentes como Toni Comín y Lluís Puig, continúa en manos del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sus procesos están más avanzados y relacionados con acusaciones de malversación agravada, cuya inclusión en la amnistía está siendo examinada con lupa por la Sala Segunda del Supremo.
Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas y el juzgado contencioso-administrativo también deberán resolver si se extinguen las responsabilidades económicas derivadas del procés.
La aplicación de la amnistía a estos 40 ex altos cargos marca un antes y un después en la implementación de la ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y respaldada por los partidos independentistas. Aunque la medida abre un camino hacia la distensión política, también augura una intensa batalla judicial y política en los próximos meses, especialmente en torno a los líderes que aún se encuentran pendientes de resolución judicial.
