La ruptura de un acuerdo armamentístico entre España e Israel ha elevado la tensión diplomática entre ambos países y ha generado una cascada de reacciones cargadas de reproches. Esta vez, la chispa ha sido la decisión del Gobierno español de paralizar la compra de munición a una empresa israelí, motivada por la presión del socio de coalición Sumar y el contexto del conflicto en Gaza. El contrato, valorado en más de seis millones de euros, formaba parte de una serie de acuerdos que ahora están en revisión.
Israel no ha tardado en responder con contundencia. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha acusado a España de «anteponer la política a la seguridad» y de «posicionarse en el lado incorrecto de la historia». Además, lamenta la decisión de abstenerse de futuros acuerdos de defensa con empresas del país hebreo, calificándola de error estratégico.
Pero más allá de las declaraciones airadas, lo que esta crisis evidencia es el creciente aislamiento de Israel en ciertos foros internacionales y la voluntad del Gobierno español de adoptar una política exterior más alineada con la defensa del Derecho Internacional Humanitario. La visita del presidente Pedro Sánchez a la frontera de Rafah en noviembre de 2023, que coincidió con la liberación de rehenes por parte de Hamas, marcó un antes y un después en la relación bilateral. Sus críticas veladas a la actuación israelí en Gaza provocaron la retirada temporal de la embajadora israelí en Madrid y una cadena de tensiones diplomáticas aún no resueltas.
En paralelo, mientras se congela la relación en el ámbito armamentístico, España ha intensificado su rol como actor diplomático en Oriente Medio. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha realizado varias giras en la región con el objetivo de consolidar una propuesta de paz duradera. No obstante, su ausencia en territorio israelí y las alianzas tejidas con países que aún no reconocen al Estado de Israel cuestionan la viabilidad de su papel como mediador imparcial.
España, además, ha optado por tomar medidas unilaterales como las sanciones a colonos israelíes en Cisjordania y el refuerzo económico a la UNRWA. El mensaje que se lanza es claro: no habrá neutralidad si se vulnera el derecho internacional.
Esta postura, si bien ha sido respaldada por la Unión Europea y la Liga Árabe en cuanto a la necesidad de una solución basada en dos Estados, sigue generando fricciones no solo con Israel, sino también con sectores que ven con recelo cualquier aproximación que no condene de forma rotunda a Hamas o que implique romper vínculos estratégicos con un aliado tradicional en materia de seguridad.
Mientras tanto, la revisión de otros siete contratos de compra de armas sigue en curso. La decisión final marcará si España redefine su política exterior o si se trata de un gesto simbólico frente al deterioro humanitario en Gaza. Lo cierto es que, en este cruce de intereses, el discurso de los derechos humanos se convierte en terreno de disputa tanto diplomática como moral.
