España cierra el verano con un balance inquietante en la lucha antiterrorista: 95 arrestos por presunta vinculación con el terrorismo yihadista desde enero, con Cataluña como principal foco territorial —casi un tercio de las detenciones— y un dato que alarma a los especialistas: ocho menores figuran entre los investigados. Son cifras oficiales del Ministerio del Interior difundidas en las últimas horas.
El mapa policial del año dibuja un fenómeno extendido y cada vez más capilar, con operaciones coordinadas por Policía Nacional, Guardia Civil y, en su ámbito, los Mossos d’Esquadra. Del total de 95 detenidos, 84 fueron arrestados en territorio español y 11 en el extranjero, fruto de comisiones rogatorias y dispositivos con socios europeos, según el desglose conocido hoy. En conjunto, las actuaciones superan el medio centenar de operaciones y elevan a 1.357 los arrestos desde el 11-M de 2004.
La centralidad de Cataluña no es nueva, pero vuelve a destacarse en 2025. La explicación, apuntan mandos antiterroristas, mezcla densidad urbana, ecosistemas digitales muy activos y una historia previa de redes que ya obligó a reforzar la vigilancia en el área metropolitana de Barcelona y sus alrededores. Este mismo año, una operación conjunta de Mossos y Policía Nacional en Castelldefels y Montcada i Reixac culminó con detenciones por enaltecimiento, manuales de “lobo solitario” y material para la propaganda de Daesh.
El auge de menores —ocho arrestados hasta agosto— condensa una preocupación que los analistas llevan tiempo señalando: la radicalización online acelerada tras la pandemia y moldeada por dinámicas de redes sociales, donde algunos perfiles actúan como “microinfluencers” del yihadismo. Las piezas jóvenes del engranaje consumen y redistribuyen contenidos, participan en canales cerrados de mensajería y, en ciertos casos, avanzan hacia planes embrionarios de acción que activan la respuesta policial.
En los últimos meses, Interior ha subrayado que el núcleo delictivo más frecuente sigue siendo el enaltecimiento, adoctrinamiento y difusión de propaganda, a menudo combinados con la autocapacitación (búsqueda de manuales, adquisición de cuchillos o material pirotécnico) y episodios de financiación de bajo umbral. Las notas recientes del Ministerio recogen, además, reincidencias y perfiles que basculan entre la apología y la administración de canales digitales vinculados a Daesh.
La estadística de 2025 ya supera el ritmo de 2024 y confirma una presión operativa sostenida que, según fuentes de la lucha antiterrorista, se mantendrá en lo que queda de año con foco en tres frentes: (1) vigilancia de entornos juveniles y escolares con protocolos preventivos, (2) monitorización de plataformas y foros en varias capas (abiertas y cifradas) y (3) cooperación judicial con socios europeos para cortar tránsitos logísticos y financieros.
Más allá del dato, los expertos piden prudencia con los titulares: un mayor número de detenciones no implica, por sí mismo, mayor riesgo de atentado, sino mayor eficacia a la hora de intervenir en fases muy tempranas del ciclo de radicalización. España mantiene nivel 4 de alerta antiterrorista desde hace años, un umbral que justifica despliegues preventivos, presencia reforzada en nodos de transporte y revisión continua de eventos de gran afluencia. El último trienio ha reforzado además la colaboración con las policías autonómicas para anticipar la evolución de microcélulas y actores solitarios.
El retrato de 2025 es el de una amenaza descentralizada y digital, con Cataluña como epicentro estadístico, menores cada vez más presentes en el radar y cuerpos policiales que actúan antes de que el discurso violento mute en capacidad operativa. La cifra de 95 detenidos es, a un tiempo, alerta y balance de una estrategia que empuja la intervención al kilómetro cero de la radicalización.
